Viviendo en Barcelona, me resulta difícil no hacer referencia a los eventos que están sacudiendo Cataluña desde los primeros días de septiembre de 2017. Si nos detenemos un momento para comparar la situación catalana con
la de otras regiones del mundo lejos del nivel de prosperidad y del grado de autogobierno del que disfruta Cataluña dentro de la España democrática actual, y a pesar de los inevitables aspectos que hay por mejorar, lo que está ocurriendo aquí puede parecer, visto desde la distancia, un tanto absurdo o, por lo menos, inexplicable. Y nos preguntamos si seremos capaces de reparar el daño causado.
En paralelo al grave debate político y social, estamos constatando que la economía catalana está sufriendo un tremendo golpe. La economía siempre está estrechamente ligada a la política, si  bien con unos tiempos distintos. Desde principios de octubre, momento en que los actores económicos empezaron a temer realmente las consecuencias de una hipotética Cataluña fuera de España y de Europa, cerca de 800 empresas han decidido trasladar sus sedes hacia otras regiones españolas : Abertis, Banco Sabadell, CaixaBank, Catalana Occidente, Codorníu, Colonial, eDreams, Gas Natural Fenosa, MRW, Planeta o Torraspapel por citar solo unas cuantas. Y el éxodo podría contagiarse a
miles, según Fomento del Trabajo, provocando un efecto dominó sobre pymes y proveedores. El Círculo de Economía, el más influyente grupo de presión empresarial en Cataluña, mostró su « máxima preocupación » ante la posibilidad de que las autoridades catalanas declaren su independencia de España de forma unilateral. Los empresarios señalaron que este escenario « no solo perjudicaría a todas las opciones políticas, sino que sometería
a la ciudadanía catalana, sea cual sea su sensibilidad política, a una tensión de difícil control » y plantearon que la mejor alternativa sería una vía dialogada. Asimismo, representantes de grandes fondos de inversión, reunidos recientemente en Londres, han alertado de que el mantenimiento de la tensión secesionista afectaría a sus decisiones de inversión. Agencias de calificación como Fitch o Moody’s han advertido de las consecuencias
que puede tener la situación de incertidumbre en el rating de la economía española. Por otro lado, la actividad turística en Cataluña ha disminuido un 15 % desde el 1 de octubre y « podría caer un 30 % hasta diciembre », según indica Exceltur, la principal asociación del sector. La compra de automóviles y el mercado inmobiliario también se están viendo afectados. A nivel macroeconómico, el plan presupuestario remitido a Bruselas por el Gobierno español a mediados de octubre ha rebajado la previsión de crecimiento de la economía española del 2,6 al 2,3 % para el 2018. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha cuantificado en un 1,2 %
el impacto que la crisis en Cataluña puede llegar a tener sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en 2018, lo que supondría una pérdida de riqueza de hasta 13 000 millones de euros.
Quería compartir con el lector una reflexión. El Estado de derecho es un tesoro, un bien delicado y valioso que hemos de cuidar si lo queremos conservar. La democracia no es un juego y, al igual que un compuesto químico, si algo altera el frágil equilibrio entre los distintos ingredientes que lo conforman —separación de poderes, debate en las cámaras, sufragio universal secreto, transparencia de la vida política, multipartidismo, prensa libre y plural, derechos y deberes de los individuos— o la forma en que se manejan, nos puede explotar en las manos.